01 marzo 2012

Urnas en la calle

A falta de un referéndum oficial, se hará uno oficioso. Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid están llamados este domingo a una consulta social para manifestar su opinión sobre los planes de privatización que tiene el Gobierno autonómico sobre el Canal de Isabel II. 

La denominada marea azul, una tonalidad más que se suma al panorama multicolor de protestas que tiñe las calles de la región desde hace meses, colocará unas 300 mesas con urnas para que todo el que lo desee pueda ejercer su derecho a voto sobre el asunto. No hay más requisitos que ser mayor de 16 años y acudir con un documento acreditativo (DNI o carnet de conducir) a alguno de los puntos establecidos entre las 10.00 y las 18.00 horas. 

«La resistencia municipal a este proceso es muy alta y el descontento general también, incluso entre votantes del Partido Popular», expone Ladislao Martínez, portavoz de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, que asegura que van «a seguir peleando con determinación» para intentar paralizar la venta de la empresa pública. Los resultados de la consulta del domingo se remitirán a la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño, para que se tenga en cuenta la opinión de los usuarios. 

Sin embargo, las declaraciones de ayer de Esperanza Aguirre hacen pensar que tiene poco, o nada, que plantearse sobre este asunto. En rueda de prensa, la presidenta regional expresó su confianza en que se pueda «conseguir el capital suficiente» para sacar al mercado el 49% de las acciones de la entidad que suministra el agua en la Comunidad. Su máximo responsable, Ignacio González, adelantó incluso que el planteamiento está «muy avanzado» y que podía producirse «antes del verano», informa Efe. 
El objetivo del Gobierno de Madrid con esta venta parcial de la compañía es garantizar que «pueda afrontar las inversiones que tiene que afrontar» y, al mismo tiempo, que «la gestión pueda incorporar todas las modernas tecnologías». No obstante, en el programa electoral de los populares a las elecciones del año pasado se obvió esta referencia. La única mención al agua que se hizo fue el compromiso de que se presentaría una Ley de Infraestructuras Hidráulicas en la región. 

Según Aguirre, el Canal ofrece a sus potenciales inversores una «rentabilidad segura», ya que presta un servicio público esencial para un bien «imprescindible», lo mismo que sucede con la luz, el gas o la electricidad. Por ello, no duda de que la operación será un éxito aunque, al mismo tiempo, reconoce que «las cuestiones económicas no están, por desgracia, ni mucho menos seguras». 

La consulta popular del domingo sobre la privatización de la empresa se ha anunciado con carteles pegados por las calles de múltiples municipios y otros lugares públicos, como los pasillos del Metro. Pero la auténtica difusión a esta iniciativa, como a todas últimamente, se la han dado los poderosos e inmediatos tentáculos de las redes sociales. 
Los ciudadanos que quieran votar recibirán una papeleta de alguno de los más de 1.500 colaboradores voluntarios en esta suerte de referéndum en la que se les formulará la siguiente pregunta: «¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?». Tendrán que responder marcando un sí o un no. 

En la organización precisan que el escrutinio será público para que pueda presenciarlo quien quiera. En el caso de que haya menos votantes que votos emitidos, se eliminará al azar un número de papeletas idéntico al exceso detectado. Los resultados se conocerán el mismo domingo por la noche y se harán llegar a la Comunidad de Madrid al día siguiente. 

«Esperanza Aguirre es muy decidida, pero no sería la primera vez que da marcha atrás», confía Ladislao Martínez, que apoya su oposición al proceso en el «fracaso» de una iniciativa similar con la compañía que suministraba el agua en París aprobada por las autoridades locales que incrementó el precio de ese bien básico por encima de los salarios. 

Otro de los motivos por los que la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II se opone a lo propio es porque entiende que se «malvendería la empresa joya de los madrileños», que genera un beneficio neto de más de 100 millones de euros, «mientras que quienes actúan de tasadores son parte de los interesados en llevarse las acciones». 

Así, los opositores a la salida a Bolsa de la compañía creen que es «técnicamente innecesaria» y la califican de «decisión totalmente política». De llevarse a cabo la operación, «lo peor», en opinión de Martínez, sería la pérdida de efectividad en la gestión de las sequías, como la que azotó a la región entre 2000 y 2005. «Francamente, no me imagino a una empresa privada pidiendo a sus clientes que consuman lo mínimo posible», concluye.

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