Ya no se valora tanto el aval

La situación económica y la dificultad para conseguir una hipoteca están detrás del crecimiento que ha experimentado el mercado del alquiler de viviendas en España. La razón es muy simple: muchos de quienes no pueden comprar o no pueden vender optan por el arrendamiento como solución. 

Pero esta coyuntura de la economía se convierte al mismo tiempo que en acicate, en una de las principales trabas para quienes desean alquilar una vivienda. Según la asociación para el fomento del alquiler Arrenta, «más del 70% de los propietarios tienen miedo a alquilar su vivienda». 

En esta asociación tienen claro que las dificultades económicas están siendo las principales causas de conflicto entre inquilinos y propietarios. Y es que, el principal motivo por el que el inquilino deja de pagar el alquiler, según Arrenta, «se debe a que se ha quedado en el paro, a que su empresa se retrasa en el pago de la nómina o, en el caso de los autónomos, a que le han dejado de abonar trabajos ya realizados». 

Esta situación, unida al tiempo que se tarda en recuperar la vivienda cuando el inquilino deja de pagar las rentas -no menos de seis meses, en el mejor de los casos- hace que los propietarios exijan cada vez más garantías para protegerse frente a posibles impagos antes de firmar el contrato, principalmente la entrega de un aval. 

«El problema», advierten en Arrenta, «es que la propia crisis ha provocado un cambio importante en el perfil del inquilino, que ahora tiene unos ingresos medios menores que los de hace unos años». «El creciente perfil mileurista del inquilino», advierte esta asociación, «le impide obtener un aval de garantías y, por lo tanto, optar a un piso de alquiler». 

Así pues, el aval con el que muchos arrendadores quieren protegerse se convierte en el principal obstáculo que les impide alquilar sus viviendas al expulsar a una parte considerable de los arrendatarios, incapaces de inmovilizar un dinero -habitualmente rondan las seis mensualidades, pero hay quienes piden hasta 12- y además pagar unos intereses al banco. 

¿Hay alternativas al aval que aporten seguridad y no supongan una traba insalvable para muchos inquilinos? Para Arrenta, en la mayoría de los casos resulta suficiente realizar un buen estudio de solvencia, «con unas exigencias realistas y adaptadas a la situación actual». Como recomendación, advierten de que la renta no debe superar entre el 30% y el 40% de los ingresos del arrendatario. Además, desde la asociación recomiendan reforzarlo «con herramientas que den más seguridad al propietario», tales como seguros de garantía de rentas o daños en la vivienda, e introducir el arbitraje en el contrato como vía de resolución de conflictos. 

En esta línea, cada vez son más los propietarios que confían en los servicios que ofrecen las empresas intermediadoras de alquileres, que se encargan de seleccionar a los inquilinos y de proporcionar servicios especializados para superar los tres principales temores a los que se enfrentan los caseros: los destrozos, los impagos y que, en caso de producirse estos, la situación se dilate en el tiempo. 

Además de empresas privadas, algunas administraciones públicas también ofrecen sus propios servicios de alquiler en los que incluyen seguros por destrozos o por impago de rentas y el arbitraje para solucionar posibles conflictos. Es el caso de la Comunidad de Madrid con su exitoso Plan Alquila, que ya intermedia en más de 45.100 contratos. 

Una de las últimas iniciativas que se ha presentado en este campo es la que ofrece Ibercheck, una empresa de nueva creación que pone a la disposición de los usuarios a través de su página web la posibilidad de acceder a los informes de morosidad de Asnef-Equifax, la base de datos de impagos «más grande y de más calidad del país», según los responsables de la compañía. 

«Lo que se ofrece a nuestros clientes», explica Fernando Cabello-Astolfi, uno de los socios fundadores de Ibercheck, «es la posibilidad de acceder a la misma información que usan las entidades financieras y las grandes empresas en su toma de decisiones». «El objetivo es democratizar la información financiera», indica. 

Para emitir el informe de impagos de una persona, ésta debe prestar su consentimiento, por lo que a la larga, sus responsables pretenden que esta herramienta sirva para que los ciudadanos puedan acreditar su buen comportamiento de pagos, «de cara a mejorar las condiciones de un contrato». 

«El miedo a los impagos provoca costes por incertidumbre, ya que si no se puede saber quién es moroso, es inevitable que el propietario aplique una prima de riesgo a todos, pese a que la mayoría de ellos sean buenos pagadores», indican desde Ibercheck. «Accediendo a esta información el buen pagador tiene un incentivo y dejan de pagar justos por pecadores», concluyen.