12 mayo 2013

El poder adquisitivo de los funcionarios


La pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años es notoria. Nos han apretado el cinturón al máximo, y ahora tenemos que ser los primeros en dar ejemplo. ¿Pero quién nos ayudó a nosotros cuando nuestro sueldo no subía según el IPC, algo que se suponía un derecho?

Dar opiniones gratuitas y negativas sobre los funcionarios, desautorizando el trabajo de todo un colectivo, es pueril e injusto. Entiendo que tal punto de vista es arcaico y fácil, pero no tiene que ver con la realidad de nuestro país. María Rodríguez. Correo electrónico.

Leí ayer que el Gobierno tiene la intención de incentivar la repatriación de los capitales españoles ubicados en el extranjero acordando una amnistía fiscal ad hoc. En el editorial, su diario acogía favorablemente tal iniciativa, aunque subrayaba la tremenda injusticia relativa que se perpetra con ella, a saber: la impunidad del defraudador no puede menos que provocar una irritación sin límites en el contribuyente honrado, sobre todo en las circunstancias actuales que le toca vivir.

Pero mi comentario a la noticia va por otro lado: una medida como la propuesta tiene todas las posibilidades de ser considerada incompatible con el Tratado de Lisboa, y ser ulteriormente rechazada por Bruselas. En efecto, en el capítulo del mercado interior, y más precisamente en lo referente a la libre circulación de capitales, el Tratado prohíbe categórica y explícitamente toda iniciativa discriminatoria de los Gobiernos, tratando de favorecer el «hecho nacional»; he ahí el pilar fundamental del «mercado único». El hecho de que Alemania y luego Italia la aplicasen hace años no es una prueba de su legalidad. Es más, cuando unos años más tarde Bélgica quiso hacer lo mismo, las autoridades de este país -conscientes del problema jurídico aparejado- tuvieron que cambiar el enunciado de la iniciativa. Lo llamaron declaración obligatoria única. Y Francia, que tantas veces se lo pensó, nunca se decidió a ejecutarlo.

Además de este escollo jurídico de muy grande envergadura, hay otro argumento mayor: ¿es que el ahorro alemán debe estar localizado en Alemania, el francés, en Francia, el español, en España..? ¿Y por qué no el andaluz en Andalucía, el madrileño en Madrid, etc.? ¿A dónde vamos con tan grotesca filosofía? Guste o no, hay que reconocer que no hay nada tan indomable como el capital. Y éste inevitablemente irá allá donde los expected returns sean los más elevados.

En lugar de tratar de atraerlos con regalitos de dudosa legalidad, ¿por qué no se preguntan los gobiernos por las causas que provocaron y provocan la emigración de capitales?

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