Familias unidas contra el cobrador del frac

Los periodos de dificultades económicas son propicios para que prestamistas sin escrúpulos ejerzan su actividad: embarullar mediante contratos opacos y tipos de interés abusivos a sus víctimas, personas dispuestas a firmar casi cualquier papel para salir de una situación difícil. Los usureros del siglo XXI dirigen casi siempre sus esfuerzos a quedarse con la única posesión de valor que suele quedar a las familias cuando lo han perdido todo: su piso.

El Consejo de Ministros lo sabe, y por eso aprobó el mes pasado la remisión a las Cortes de un proyecto de ley que regula la concesión de créditos y de préstamos hipotecarios por las empresas que no son entidades financieras, así como los servicios de intermediación o reunificación de deudas.

Con la nueva norma, el Gobierno de España trata de proteger los derechos de los consumidores: persigue evitar falsos anuncios de créditos milagrosos y en condiciones financieras irresistibles.Además, la medida aportará seguridad jurídica a las sociedades que desarrollen su trabajo en ese campo y no tengan nada que esconder.

Transparencia e información son las dos garantías que persigue aportar el Gobierno, que obligará a estas empresas a inscribirse en un registro público estatal. La norma también regulará la transparencia en los contratos, en la publicidad, en el tipo de interés aplicado y en el precio total incluyendo comisiones y gastos.

El Ejecutivo pretende, en definitiva, proteger al consumidor asegurándole un conocimiento pleno de lo que firma, y el derecho a desistir en 14 días desde firmado el contrato.

Tanto el Gobierno central como las administraciones autonómicas reconocen que la normativa actual no es suficiente, un criterio compartido por Aitor Ibarra, abogado de Afines (Asociación Financiera de Estafados y otras prácticas capciosas), que remitió a todos los grupos políticos del Congreso el manifiesto Los diez mandamientos contra la usura.

Ibarra se ocupa de los casos de más de 50 personas presuntamente estafadas por prestamistas privados en España, una decena de ellos en Bilbao. Afines pretende «conseguir una regulación de los prestamistas privados», una actividad que califican de «legítima, pero no en todos los casos», por lo que es necesario que se someta al imperio de la ley.

Ibarra reconoce que la usura es un concepto «difícil de demostrar ante un tribunal», aunque una buena guía para descubrirla es que vaya unida «al concepto de necesidad»; es decir, a partir de un tipo de interés «del 20% o 25% se puede considerar usura, pero siempre que ese dinero no vaya destinado a invertirse en bolsa en una acción especulativa, por ejemplo», indica.

El cliente medio de Ibarra tiene los circuitos de financiación habitual (bancos y cajas de ahorros) restringidos, algo común a todas las personas que aparecen en los registros de morosos como el RAI (Registro de Activos Impagados) o el Asnef. «Se ven obligadas a dirigirse a prestamistas privados, que se ocupan de estos casos difíciles, pero no siempre son negocios limpios», subraya el abogado.

Anuncios en prensa, carteles, publicidad callejera y el boca a oreja son los canales de captación de estos prestamistas, que «recurren a contratos engañosos y dejan las condiciones de préstamo muy poco claras, muchas veces con periodos de vencimiento de 30, 60 y 90 días», indica el abogado. «¿Y si una persona no puede hacer frente a sus deudas hoy, qué le hace pensar que podrá pagarlas en uno, dos o tres meses?», se pregunta. «El interés no sólo es tan desorbitado que llega a superar el 100%, sino que además es engañoso», remarca.

Incautos que, según su abogado, «se meten en la boca del lobo, porque si hoy deben 100, dentro de un mes van a deber 1.000, y así en una progresión geométrica». En última instancia, «el objetivo de estos prestamistas es quedarse con la vivienda, el único bien con el que pueden avalar el préstamo».

En un principio son deudas pequeñas, de unos pocos miles de euros, pero aumentan en muy poco tiempo por los periodos de vencimiento de las letras y con un objetivo claro: la vivienda, que deben presentar como aval.

Es el caso de una madre y una hija clientes de Ibarra, que se han visto inmersas en varios procesos judiciales contra dos prestamistas de las calles Ledesma y Gran Vía de Bilbao.

La hija arrastraba problemas económicos de un matrimonio anterior, y su madre le prestaba pequeñas cantidades mes a mes de los ahorros comunes con su marido. «Tuvimos que recurrir a un prestamista para que no se enterase mi esposo de que le cogíamos dinero, y fue lo peor que pudimos hacer», reconoce llorando.

Y es que tras una serie de vencimientos acelerados, condiciones poco claras e intereses abusivos, una deuda de 2.000 euros está a punto de dejarles sin casa. «Gracias a que encontramos esta asociación y el abogado interpuso la denuncia; si no, estamos en la calle», reconocen.

La Asociación Financiera de Estafados y otras prácticas Capciosas (Afines) tiene su sede en Madrid y proporciona defensa legal a las personas afectadas por prácticas de usura.

Sus miembros propugnan que la usura es un medio de esclavitud y defienden que la vivienda sea un bien inembargable.

Exigen que todas las personas que aparecen en los ficheros de morosidad de las entidades bancarias tengan derecho a una financiación alternativa.

Piden también que el Banco de España controle a los agentes financieros que operen en el territorio nacional, y que garantice que cumplen la ley vigente.