Divar queda absuelto

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ganó ayer la batalla de la querella presentada contra él en el Supremo, pero mantiene abierta la guerra iniciada por varios vocales del CGPJ para que dimita por la polémica de los gastos de viajes de fin de semana cargados al presupuesto del Consejo. Una amplia mayoría de la Sala Penal (11 votos de 15) descartó la existencia de delito en relación con esos gastos. 

La decisión de la Sala Penal del Supremo de no admitir a trámite la querella contra Carlos Dívar ratifica el criterio mantenido por la Fiscalía al archivar el pasado 21 de mayo la denuncia del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez. Pero tras cada una de las decisiones favorables al presidente del CGPJ, los vocales que el 24 de mayo ya intentaron, sin éxito, desalojarle (Margarita Robles, Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Carles Cruz y Gómez Benítez) vuelven a reclamar su dimisión. 

Quince de los 16 magistrados de la Sala Penal (no participó Francisco Monterde, que habría asumido la instrucción si se hubiera aceptado la querella de la asociación Preeminencia del Derecho) desarrollaron ayer un debate «sereno y ordenado» sobre si existían motivos para encausar a Carlos Dívar por la conducta que se le atribuye: cargar al presupuesto del CGPJ gastos particulares de 32 viajes realizados en sus casi cuatro años de mandato a Marbella y a otros puntos de España. El presidente del Poder Judicial afirma que la parte privada de esos desplazamientos, que tenían una justificación oficial, la ha asumido él. 

La mayoría mostró su acuerdo con el ponente, Juan Saavedra, presidente de la Sala, sobre la inexistencia de motivos jurídicos para abrir a Dívar un proceso penal ni por malversación ni por estafa o apropiación indebida cometida por funcionario. 

Los argumentos, que se plasmarán en una resolución que será conocida hoy o mañana, fueron diversos. De un lado, el tribunal consideró que para ser admitida a trámite no basta con que una querella se haga eco de informaciones periodísticas. Es el mismo criterio aplicado al ex presidente del Congreso José Bono o al ex vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves cuando fueron objeto de querellas. 

Los magistrados constataron la imposibilidad de encausar a Dívar cuando sus gastos de viajes se acomodaron a la normativa interna del CGPJ -con independencia de que pueda y deba ser modificada para instaurar un mayor control-, fueron visados por la Intervención del Estado, conocidos por la Comisión Presupuestaria del Consejo y aprobados por el Pleno al avalar las cuentas. La imputación a Dívar de una malversación sería imposible sin incriminar al mismo tiempo al resto de los vocales que, por lo demás, han incurrido en gastos de viajes con arreglo al mismo sistema. «¿Encausamos al presidente y no a los demás? ¿O les abrimos un proceso a todos?», preguntó uno de los jueces. 

También se valoró que el querellante no aporta un relato propio de los hechos sino un conocimiento por referencias, y quien sí pudo hacerlo, Gómez Benítez, se aquietó ante el archivo de la Fiscalía en vez de acudir al Supremo y hacer frente a las consecuencias de su acción penal. 

Los cuatro magistrados partidarios de la admisión, que reflejarán su criterio en votos particulares, fueron Joaquín Giménez, Perfecto Andrés y Alberto Jorge (los tres, de Jueces para la Democracia) y José Manuel Maza. A su juicio, existían elementos suficientes para iniciar una investigación sobre la conducta del presidente del CGPJ, que no podría ampararse en la normativa de 1996 sobre los gastos de viajes porque se trata de un auto blindaje hecho a la medida por el propio Consejo. También sostuvieron que es posible que los vocales hayan incurrido en conductas similares, pero lo que ahora hay sobre la mesa se refiere al presidente.

Conocida la resolución de la Sala Penal, los vocales Robles, Azón, Montalbán y Cruz pidieron la convocatoria de un Pleno extraordinario del CGPJ para volver a instar antes del próximo lunes la dimisión de Dívar. Señalan que «no puede obviarse que la decisión [sobre la querella] no ha sido unánime» y que, aun cuando los hechos no sean delito, «son incompatibles con los principios de transparencia y austeridad exigibles a todo responsable público». 

Por su parte, Gómez Benítez pidió un Pleno extraordinario para que se vote la remoción de Dívar, para lo que son precisos 13 votos. 

Con anterioridad a estas iniciativas, el propio Dívar había convocado un Pleno para el próximo jueves con el fin de que los conflictos del CGPJ no enturbien la celebración del bicentenario del Tribunal Supremo el lunes con un acto al que asistirá el Rey. Algunos magistrados del tribunal se plantean no acudir al evento en rechazo a la actuación de Dívar.