El fracaso de la Aguirre
La Comunidad de Madrid ideó en la legislatura 2003-2007 la fórmula de los pisos de alquiler con opción a compra. Y la multiplicó por 79.000. En el siguiente programa electoral, cuando las costuras del mercado inmobiliario ya estaban a punto de reventar, el compromiso se extendió con entusiasmo hasta las 150.000 viviendas.
Casi una década después de que las esperancitas (llamadas así en el argot inmobiliario) entraran en las carteras de negocio de los promotores de la región, sólo han salido de ellas 10.738 unidades terminadas. Traducido a lenguaje estadístico, el cumplimiento del plan ha sido de apenas un 7%.
En el último programa electoral, con el que el PP regional concurrió a las elecciones del año pasado, la cautela imperó y ya no se fijó ningún objetivo concreto. Tampoco se aludía al incumplimiento de los dos anteriores. La única referencia a este proyecto residencial, en la última página del documento elaborado para la cita con las urnas, era que 82 municipios de la región tienen terreno reservado para la construcción de más de 90.000 pisos. Punto y final.
Pero, además, en el programa electoral de 2007 no hay ni rastro de la palabra terreno: «Extenderemos el Plan Vivienda Joven de Alquiler con opción a compra hasta alcanzar las 150.000 viviendas». Literal. Y con poco margen para las interpretaciones.
Aun en el caso de que la intención de los populares hubiera sido sólo la obtención del suelo necesario para la construcción de las casas, a día de hoy todavía faltaría dicha materia prima esencial para otras 60.000 unidades del plan, más de un tercio del total. ¿No ha llegado el momento de corregir esa promesa electoral que no se podrá cumplir ni con una legislatura de retraso?
«En tiempos de crisis como los que estamos viviendo no se debe plantear este tema en términos cuantitativos», responde Van-Halen, que evita mencionar la palabra rectificación. Su lectura es que con el colapso del sector del ladrillo «todos los planes de desarrollo urbanístico han sufrido una paralización» y, pese a todo, se ha conseguido hacer acopio de terrenos para un total de 90.000 pisos.
«Desde 2008 [fecha en la que comenzó oficialmente la crisis inmobiliaria] hemos tenido que trabajar muy en serio para ayudar a los promotores a sacar todo el stock de pisos sin vender que había en Madrid, algo que ha sido incompatible con mantener el ritmo de construcción de todas las tipologías de viviendas de protección oficial (VPO)», puntualiza el director general del Ejecutivo autonómico. No obstante, añade, la región sigue liderando el ranking de casas subvencionadas que se construyen en España, «con un 25% del total de las iniciadas».
En el balance que hace Van-Halen de los ocho años de vida del plan de pisos de alquiler con opción a compra no se atisba ni un ápice de sensación de incumplimiento: «Entre las viviendas entregadas y las que están ya en construcción suman más de 20.000, que beneficiarán a más de 40.000 jóvenes, el equivalente a todos los habitantes de ciudades como Soria y Teruel (...). Ninguna otra comunidad autónoma puede exhibir estos datos ni de lejos».
El portavoz socialista de Vivienda a en la Asamblea de Madrid, Antonio Fernández Gordillo, no se ha aburrido de repetirle a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, lo inviable que es, en su opinión, el compromiso de 150.000 pisos en régimen de renta con adquisición diferida. Sólo en la capital, señala, hay suelo para 16.000 casas en desarrollos que aún se encuentran en un estado muy embrionario (El Cañaveral, Los Ahijones, Valdecarros y Los Berrocales).
El Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid está destinado a jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a 2.928 euros brutos mensuales (5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -Iprem-). La filosofía original era que, transcurridos siete años, los inquilinos podían decidir si adquirían en propiedad el piso, de cuyo precio final se descontaría el 50% de la renta abonada durante todo ese tiempo.
Sin embargo, «debido a su eficacia y éxito», la Comunidad de Madrid decidió introducir en 2009 modificaciones para «beneficiar» a los adjudicatarios. La más significativa fue la de adelantar al quinto año el momento a partir del cual los arrendatarios pueden ejercer su opción a compra, con la que, según los cálculos del Gobierno regional, se ahorrarán un 15% del precio final, que se fija en el momento en el que se firma el contrato de alquiler.
Además, para facilitar su financiación, se estableció un seguro de impago de rentas, que evita la exigencia de garantías adicionales para los inquilinos y su correspondiente coste. De media, las casas tienen una superficie construida de hasta 70 metros cuadrados, además de un garaje y un trastero.
«Esta fórmula, de la que fue pionera la Comunidad de Madrid, es muy adecuada para los jóvenes que no tienen ahorros para comprar un piso y para quitar prejuicios de que el alquiler es tirar el dinero. El mejor ejemplo es que la han imitado muchas comunidades autónomas y hasta los promotores privados», concluye Van Halen.
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