Un club de cannabis se querella contra el Ayuntamiento por ordenar su cierre

Un club cannábico ha decidido presentar resistencia ante la ofensiva abierta por el Ayuntamiento de Barcelona contra este tipo de locales, cuyas nuevas aperturas han sido vetadas durante un año y contra los que se han multiplicado los expedientes y las clausuras. 

Precisamente el club 420 ha presentando una querella contra su cierre, ordenado por tres altos cargos municipales a los que acusan de prevariación, coacciones y atentado contra los derechos de asociación al ordenar la clausura de su asociación de forma "arbitraria" e "injusta".

La querella que presentaron ayer los responsables de la asociación considera que el Ayuntamiento instó al cierre del local, situado en la calle Notariat, conculcando "los derechos fundamentales de asociación, inviolabilidad del domicilio, presunción de inocencia, derecho a un proceso con las debidas garantías y vulneración del principio de legalidad, entre otros", informa Efe. 

El escrito se dirige directamente contra el gerente del distrito de Ciutat Vella; contra la jefa del Departamento de Licencias e Inspección , Natividad R.P., y contra el director de los servicios jurídicos del consistorio, Andreu Joan M.H.

Estos funcionarios son los firmantes del expediente sancionador del 17 de julio y de una resolución dictada el pasado día 7 de agosto que ordena el cese de las actividades del club en 48 horas. En caso contrario, el 12 de agosto se procederá al precinto del local. 

El cierre, según la querella, está basado en que desde la asociación se expulsa al exterior "aire que contiene contaminantes". Sin embargo, especifican que "no se ha llevado a cabo ningún tipo de medición del aire expulsado en el local social de la asociación 420" y, por lo tanto, dicha acusación no ha quedado acreditada.

Por esa razón la asociación cree que se ha dictado "una resolución injusta, a sabiendas de su injusticia, y totalmente arbitraria". 

También denuncian la velocidad que se ha imprimido a su proceso de cierre, el cual "se ha ventilado en 21 días, hecho totalmente insólito y que contrasta con el tiempo que dura la tramitación de otros expedientes sancionadores". 

Según añaden, una de las resoluciones "ya anuncia que se va a acordar el cese y precinto del local social de la asociación, previamente a haber estudiado las alegaciones presentadas", o lo que es lo mismo, que su clausura "ya estaba tomada de antemano", en lo que entienden "una clara estrategia de acabar con este tipo de asociaciones".